Libertad sexual y reproductiva de las mujeres: una deuda que nos compete

 

 «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». Artículo 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948

 

En días pasados México sorprendió con un fallo histórico al declarar inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas gestantes; y, aunque este paso no supone que el aborto sea legal en todo México, ni que la despenalización afecte a todos los estados, si representa un avance hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

 

Por: Juliana Rodríguez

Las barreras que siguen atravesando millones de mujeres en el mundo para ejercer su libertad sexual y reproductiva, reflejan que el complejo discurso público sobre ética y moral, sumado a los obstáculos para llevar a la realidad la incorporación de sentencias y leyes, afectan directamente la vida reproductiva y sexual de las mujeres, e impactan su percepción de seguridad y persecución por parte de la sociedad.

Las mujeres al día de hoy siguen enfrentando desde conflictos de identidad, cuestiones éticas, desigualdad laboral, violencia sistemática, intrafamiliar, embarazos no deseados, violencia simbólica y ausencia de garantías eficaces para proteger sus derechos sexuales y reproductivos desde una mirada psicológica y legal.

En Colombia, por ejemplo, existen actualmente 42 leyes ordinarias y al menos 32 sentencias de la Corte Constitucional que dan pinceladas muy relevantes sobre la protección de los derechos primordiales de las mujeres, esencialmente en el reconocimiento de delitos sexuales, amparo de violencia intrafamiliar y búsqueda por la igualdad salarial y laboral, pero en profundidad hay ausencia de una salud pública segura en donde las mujeres y niñas, especialmente en condiciones de vulnerabilidad, procedan a la atención jurídica y constitucional de la defensa de su libertad sexual y reproductiva.

El reflejo de esta afirmación son las cifras del aborto penalizado. Estos datos entregados por la Fiscalía General de la Nación son preocupantes. En Colombia, entre 2005 y 2017, 2.290 mujeres fueron criminalizadas por el delito de aborto, de las cuales 502 eran menores de edad. Cabe mencionar que al cierre del 2020, habían cuatro demandas para eliminar el delito del aborto y que desde el 2006, la Fiscalía ha tramitado 5.646 procesos judiciales y ha conseguido 259 condenas. 

Pos su parte, la Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo cada año se realizan 22 millones de abortos en condiciones inseguras y, en Colombia, al año 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social demostró que el índice de embarazos no planeados alcanza un 52% y que 70 mujeres mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros y/o clandestinos. Organización Mundial de la Salud, 2020.

Esto, además de visibilizar el problema de salud pública y psicológica de tantas mujeres, pone su foco en los enormes vacíos que presenta el país en la protección de derechos humanos capaces de reconocer a la mujer como persona autónoma de su cuerpo. Son limitados los avances en materia de garantías, esencialmente porque las miradas conservadoras, acompañadas de sistemas liderados y condicionados por corrientes machistas, desvirtúan los enfoques de género e interseccionalidad para reivindicar realmente a las mujeres.

Durante los últimos 14 años, que fue justamente cuando se promulgó la Sentencia C-355 del 2006 que despenalizó el aborto en los casos extremos en Colombia, (referente jurisprudencial en el mundo), se abrió un camino al derecho fundamental de la dignidad humana, pero han sido múltiples los límites de la rama legislativa en materia penal.

El Congreso ha dilatado debates urgentes sobre libertad reproductiva. Se han tramitado 33 proyectos de ley para despenalizar el aborto, proteger los derechos de las mujeres o los derechos de un recién nacido, pero ninguna iniciativa ha terminado con éxito su curso en el parlamento y las propuestas han sido archivadas.

Profamilia ha afirmado reiterativamente que en materia de Derechos Humanos, la única posibilidad que cabe es la ampliación y la progresividad, nunca el retroceso. No existe evidencia científica, sistemática y rigurosa, que demuestre una relación entre el aborto y la afectación de la salud mental de las mujeres. Por el contrario, múltiples estudios científicos demuestran que el estigma social, la criminalización y las barreras de acceso a procedimientos seguros de interrupción voluntaria del embarazo, generan verdaderos daños en la salud mental de las mujeres como: ansiedad, estrés, pérdida de autonomía y control sobre sus vidas”.[2]

La integración del enfoque de género que busca posicionar los derechos de las mujeres y su necesaria inclusión transversal, es una premisa primordial que está lejos de la legislación colombiana. Este principio promueve cambios estructurales y una perspectiva pedagógica que va desde el lenguaje, el acceso a la información, la obtención de educación estructural frente a anticoncepción y la articulación del sistema de salud.

Reconozco el arduo trabajo de activismo que han realizado muchas organizaciones a nivel global y a nivel nacional. Los debates abiertos sobre la sexualidad en las mujeres, su reconciliación con el cuerpo y la eliminación de paradigmas, son ejes fundamentales en la construcción de una sociedad que empieza su transformación. La sexualidad es otra de las cuestiones, debates pendientes con relación a la libertad sexual porque es un interés importante. Además, abre a otra gran pregunta, ¿Qué estamos protegiendo cuando hablamos de libertad sexual?

Vale la pena continuar en esa reflexión y evaluar hasta qué punto está sucediendo la libertad sexual en los diferentes países de Latinoamérica y el impacto de los derechos fundamentales en la vida de las mujeres.

 

Juliana Rodríguez es Comunicadora Social  y Periodista. Estudiante de Máster en Gobernanza y Derechos Humanos. Ha trabajado en la rama legislativa y cubriendo escenarios políticos relacionados con la defensa del medio ambiente, derechos humanos, anticorrupción y actualmente en paz y reconciliación. Es una de las cofundadoras de Memoria Colectiva.  

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