Parte de la reparación simbólica hacía los buscadores y buscadoras de las víctimas de desaparición forzada está sustentada en la memoria, en la no repetición, en la verdad y en una sociedad que pueda acompañar, honrar y validar la historia. Quisiéramos que fuera diferente, pero no podemos olvidar.
Por: María Camila Rodríguez y Juliana Rodríguez
Soy María Camila, y tenía tres años cuando en el año 2000 algunas madres de Colombia ya sufrían por la desaparición de sus hijos y familiares. Pero fue hacia el 2016, gracias a mi hermana Juliana que se encontraba estudiando periodismo, que me enteré de que en Colombia existían las desapariciones forzadas. Hoy, con 24 años de edad, me pregunto por qué en el colegio me enseñaron sobre la historia de Europa, pero muy poco sobre la historia de lo que sucedía en nuestro país.
En algún momento de mi vida supe de las Abuelas de Plaza de Mayo, cuya historia es similar a la que sucedió acá, y de alguna manera notaba como a la gente le era más familiar aquel suceso, de hecho, más que el de las madres de Soacha u otros casos emblemáticos de desaparición en nuestro país. Y si, me tomaré los siguientes párrafos para narrar aquel tema que ha sido ajeno para muchos y para muchas, pero que es importante que esté en nuestra memoria colectiva para no estar destinados a repetir la historia.
Para las madres, padres, hermanas, esposas, hijos e hijas que fueron víctimas de la guerra, aún queda mucho por andar. El comienzo de la barbarie empezó un día común y corriente, cuando sus familiares cruzaron la puerta de sus hogares y no volvieron. Factores como las condiciones económicas y sociales agudizaron la vulnerabilidad de más de noventa mil personas en Colombia, que entre 1970 a la fecha, han sido desaparecidas. Algunos han sido presentados como los mal llamados falsos positivos.
Mientras que el país creía que el Estado combatía la guerra para mejorar la seguridad, miles de buscadores y buscadoras trataban de encontrar respuestas. Nada tenía sentido, los cuerpos habían aparecido a cientos de kilómetros de sus casas, a más de 7 o 8 horas de distancia. Así algunas cosas empezaron a cobrar sentido. Corría el rumor de que en barrios de bajos recursos habían ofrecido a los jóvenes una buena suma de dinero a cambio de un trabajo que no parecía muy difícil. Días después la temible realidad sacudía la vida de los familiares.
Y tendríamos que hacer una pausa aquí para preguntarnos: ¿Dónde están? El hecho de que no vivamos la guerra de cerca, no significa que sea lejana o ajena. Parte de la reparación simbólica hacía los buscadores y buscadoras de las víctimas de desaparición forzada está sustentada en la memoria, en la no repetición, en la verdad y en una sociedad que pueda acompañar, honrar y validar la historia. Quisiéramos que fuera diferente, pero no podemos olvidar.
Miles de familiares que se han convertido en organizaciones con voz y agenda en Colombia, han levantado sus voces por más de 40, 20, 30 o 10 años, mantenido vivas sus memorias y su lucha para recordar a sus hijos, hijas, hermanas, esposos y esposas, quienes fueron víctimas de un país fragmentado y dolido por la violencia.
Desde hace 11 años, cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta fecha fue declarada por las Naciones Unidas (ONU) en el 2010 debido a la preocupación por el aumento de las personas que han sido detenidas, recluidas en secreto y reportadas, desaparecidas en el mundo.
Esta iniciativa fue impulsada en 1981 por la organización internacional Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en donde hay organizaciones colombianas, que emerge cuando aún la desaparición forzada no era reconocida como un delito de lesa humanidad ante la Organización de Naciones Unidas ONU.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas Por Desaparecidas (UBPD), sitúa el número de personas dadas por desaparecidas en Colombia en 99.235. Mientras la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas (UARIV) ubica, a corte de 31 de mayo de 2022, 50.679 víctimas directas de desaparición forzada y 138.526 víctimas indirectas de este hecho, dentro de las cuales pueden estar incluidas los familiares de las personas desaparecidas. (Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado).
En Colombia, si bien los primeros casos de desaparición forzada documentados se remontan a la década de 1970, es solo hasta el año 2000 que se configura como un delito dentro el Código Penal (junto con el desplazamiento forzado, el genocidio y la tortura), mediante la Ley 589 de 2000 que, en su artículo 165.
No podemos olvidar que el crimen de la desaparición forzada ha generado diversos impactos psicosociales en todas las áreas de ajuste del ser humano, lo cual ha implicado que las personas sobrevivientes no puedan llevar a cabo la planeación e implementación de un proyecto de vida individual y familiar.
Hoy recordamos con amor, respeto y honor todas las vidas de los y las desaparecidas forzadamente en Colombia. Honramos a sus buscadores y buscadores, su lucha, su dolor, su verdad y su memoria.